sábado, octubre 12, 2024

Qué factores del contexto económico y político condicionan el ejercicio de los Public Affairs

Pandemia, fondos europeos, multipartidismo… En este segundo artículo del informe especial sobre los asuntos públicos en España analizamos, de la mano de los expertos, los principales factores del actual contexto económico y político que influyen en el ejercicio de los public affairs.

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Por Mario Montero Raya / 10 de noviembre de 2021

La pandemia del Covid-19 ha tenido un fuerte impacto a todos los niveles. Afrontar una crisis de estas características ha sido imposible sin una fuerte colaboración público-privada, fortaleciendo así las relaciones entre los sectores público y privado. Un fenómeno que los profesionales de los Asuntos Públicos están dispuestos a aprovechar.

La senda de la recuperación en la era post-Covid deberá ser transitada por el sector público yendo de la mano del privado. Las empresas serán claves en la implementación de los fondos europeos de recuperación, según la opinión mayoritaria recogida en este segundo artículo del informe especial sobre los Asuntos Públicos en España.

En este sentido se manifiesta Victoria Magro Galán, directora de Desarrollo Corporativo de Estudio de Comunicación: “La respuesta a una crisis inimaginable, aun reciente y sin precedentes, va a obligar a poner en marcha y a mantener una interlocución no común hasta ahora, especial y singular entre las compañías y las administraciones públicas e instituciones. Lo cierto es que las Public Affairs siguen siendo necesarias y ninguna empresa debería prescindir de ellas, ni carecer de una planificación y de una agenda institucional, gestionándola bien internamente o bien por medio de los servicios de una consultora especializada».

Por su parte, Ainhoa Soria, directora de cuentas de 3AW, afirma: “Hasta el momento, el escenario producido por la pandemia ha acelerado y facilitado las relaciones laborales de las empresas con el sector público. El reto de los asuntos públicos será crear una estrategia laboral sólida, generar confianza, respeto mutuo y garantizar que ambas partes puedan trabajar juntas cuando volvamos a la ansiada ‘normalidad’. Por tanto, será interesante observar cómo avanzan las relaciones, tanto en el ámbito de la Administración central como en el de las Comunidades Autónomas, a lo largo de 2022”.

Periodo reformista

Consolidar la recuperación económica tras la crisis sanitaria requerirá de amplias reformas en las que deberán participar las empresas. El Plan Next Generation EU está vinculado con cambios en nuestra regulación económica y laboral. Los asuntos públicos jugarán en este escenario un papel esencial.

Así, Cristina Pinilla, Directora Regulatory + Public Affairs de Hill+Knowlton Strategies España en Madrid, considera que “el entorno de recuperación postpandemia exigirá asimismo abordar un intenso proceso reformista, asociado al Plan de Recuperación, en multitud de ámbitos. Las empresas deben estar preparadas para participar en estos debates, contribuir a modelar una regulación que haga más eficiente la economía española y prevenir posibles riesgos regulatorios. Contar con estrategias claras de asuntos públicos será esencial, especialmente en un entorno competencial tan complejo como el español”.

Por otro lado, más allá de las reformas estructuras vinculadas a los fondos europeos, la pandemia ha conducido a una importante proliferación de normas.  En este sentido, Luis Tejero, director de Asuntos Públicos de Grayling afirma: “La crisis sanitaria ha provocado una ‘inflación’ normativa sin precedentes y ha disparado la incertidumbre e imprevisibilidad en la toma de decisiones. Pero no se trata de un fenómeno nuevo: el entorno regulatorio es cada vez más volátil, y es ahí donde los consultores de asuntos públicos aportan valor a la hora de anticiparse, adaptarse y reaccionar ante leyes, decretos y cambios de ciclo político”.

Además, los cambios en la economía también han necesitado de nuevas regulaciones tanto de los sectores económicos en sí como de las nuevas realidades laborales. Manuela Sánchez, Consultora Senior de LLYC, declara: “Las reglas del juego que durante décadas se han dado por sentadas en el negocio se han visto modificadas. Modelos de negocio surgidos al albor de las nuevas tecnologías han comenzado su regulación. Donde anteriormente existía un vacío legal debido al decalaje normativo, hoy en día se estimula una profusión cada vez mayor de normativa, en algunos casos, incluso, poniendo en riesgo la libre competencia”.

Contexto político

La consolidación del multipartidismo, la creciente volatilidad electoral en los últimos tiempos y la falta de mayorías claras en el Congreso nos conducen a un periodo de cierta incertidumbre. Analizar el contexto político para anticiparse a los cambios regulatorios a los que pueda conducir resulta clave.

Lina Cabezas Rincón, consultora senior de Asuntos Públicos de ATREVIA, considera que “la fragmentación política hace que entren nuevos actores en los gobiernos y en los procesos de toma de decisión política. Hay una mayor permeabilidad en la gestión, lo que otorga una mayor relevancia a los asuntos públicos. Esto además conlleva otro efecto y es la interdependencia de las arenas política (lo local con lo autonómico, lo nacional y lo supranacional). El reciente caso de la moción de censura en Murcia es un ejemplo de ello”.

Profundizando en la idea de inestabilidad política se pronuncia Ainhoa Soria (3AW): “A pesar de que la esperada aprobación de los Presupuestos Generales del Estado parecía traer cierta tranquilidad política, lo cierto es que, tras los últimos acontecimientos, los partidos están más centrados en reorganizaciones internas propias del comienzo del ciclo electoral y con un ojo puesto en las elecciones andaluzas de 2022. Una vez más, los profesionales de los asuntos públicos encaran un nuevo ciclo marcado por la inestabilidad política, con entornos cambiantes y modificaciones legislativas bruscas. Por ello, es más necesario que nunca crear canales de conversación entre las organizaciones y los encargados de tomar decisiones políticas para desarrollar una legislación más duradera”.

Ante este escenario de incertidumbre y cambios regulatorios, los consultores de asuntos públicos tendrán un papel destacado. Victoria Magro (Estudio de Comunicación) explica que “la empresa debe conocer con detalle el contexto político de cada momento. Se vislumbra la posibilidad de que haya cambios legislativos importantes, sobre todo para algunos sectores. Por ello, es necesario interactuar con las distintas audiencias de forma eficaz. Hay que tener un profundo conocimiento de la Administración y del proceso legislativo, así como de las jerarquías y responsabilidades dentro del espectro político, además de las particularidades de las CCAA”.

Pero la complejización de la vida política no tiene que ser visto únicamente como una fuente de problemas, sino también de oportunidades. Así lo piensa Javier Dorado, director de Asuntos Públicos de Kreab: “La entrada de nuevos interlocutores en el entramado político no solo supone una nueva configuración del mapa de actores y un auténtico desafío para los profesionales de los Asuntos Públicos, sino que también abre la puerta a nuevas oportunidades de interlocución y vías de colaboración entre instituciones y empresas”.

Otra tendencia también detectada, en este caso por Manuela Sánchez (LLYC), es la creciente importancia de lo local: “La incidencia política e institucional existente en los municipios se ha visto incrementada en los últimos años. La legislación procedente de los mismos impacta, cada vez, en un número mayor de sectores de negocio y en el día a día de los ciudadanos. La movilidad, la digitalización y la energía dependen cada día más de las decisiones tomadas por las corporaciones locales”.

La estrategia de la anticipación

Ante este contexto político cambiante, la anticipación resulta por tanto clave. Así lo afirma Cristina Hernández, Socia & Directora General de MAS Consulting: “Ligado con la proactividad, la anticipación es también fundamental en asuntos públicos. Para ello, los profesionales de asuntos públicos debemos ser capaces de entender el contexto político que nos permita anticipar futuros escenarios, al tiempo que realizamos una monitorización constante de la actividad parlamentaria y del Gobierno”.

Esta necesidad de anticipación requerirá de un mayor número de recursos destinados a analizar el contexto y realizar proyecciones. De esta manera, Javier Dorado (Kreab) afirma: “El entorno en el que nos encontramos, en constante cambio y renovación, requiere de toda la inteligencia e información posible que nos permita realizar proyecciones fiables y actuar de forma anticipada. En el futuro más próximo, veremos cómo el sector de los Asuntos Públicos continuará desarrollando perfiles profesionales especializados en analizar e interpretar los asuntos de actualidad para comprender el contexto institucional en todos sus niveles y anticipar potenciales riesgos y oportunidades”.

Un papel clave en esta tarea de anticipación lo juegan los datos y su análisis. Así lo señala Joan Roselló, Socio-Director de Public Affairs Experts: “Junto a los efectos del Covid19, la irrupción del poder de los datos es, sin duda, una de las principales tendencias que ya son parte de nuestro día a día en la profesión. Data en estado puro. El uso masivo de datos agregados nos permite apreciar y vislumbrar múltiples oportunidades que, vistas de un modo individual, no se podrían detectar”.

Nuevo ecosistema empresarial

La pandemia, el reto de la lucha contra el cambio climático y el desarrollo de nuevas tecnologías también están produciendo una transformación económica. Así, algunas de las tendencias que marcarán la agenda de los próximos años, según Pedro Martínez, Socio asesor de BeConfluence, serán la transición energética, la digitalización de la economía o el auge de la inversión sostenible (ESG). “En relación con la transición energética, que está muy ligada a la lucha contra el cambio climático, es evidente que, pese al objetivo enunciado por la UE y el Gobierno de España de llevar a cabo una “transición justa”, habrá ganadores y perdedores, por lo que es importante que todas las empresas y organizaciones que puedan sentirse afectadas traten de hacer oír su propio punto de vista, para lograr que este proceso sea realmente lo más equitativo posible”.

Para Adriana Bonezzi, Directora de Asuntos Públicos de Weber Shandwick en España, “el compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad ya no son sólo una obligación de responsabilidad social corporativa, es un compromiso real de las empresas que cuentan lo que hacen, implicándose”. Además, añade otras tendencias como la salud, que tras la pandemia ganará presencia en la agenda: “Esta situación ha puesto, más si cabe, a la salud en la agenda política e institucional, además de social. Todos los actores se han activado – forzosamente muchos – para tener presencia institucional y estar en la toma de decisiones legislativas. Sin duda, la salud digital es la gran protagonista”. Por otro lado, el desarrollo de las nuevas tecnologías también sigue reforzando la digitalización de la economía: “La digitalización es una realidad que ha venido para quedarse. Hacer la vida más fácil, accesible y cercana – a pesar de la lejanía – pone a los actores digitales y tecnológicos en la agenda”.

Otro de los sectores al alza, apunta también Pedro Martínez (BeConfluence), es el de la alimentación: “Se observa una creciente preocupación en la sociedad por tener una alimentación más saludable y al mismo tiempo más sostenible, que hará necesario que el sector agroalimentario intensifique el diálogo con todas las partes interesadas para que se conozca y se valore de un modo mucho más positivo sus actividades”.

No sólo hay que tener en cuenta el surgimiento o crecimiento de distintos sectores económicos. Los cambios en el ecosistema empresarial también llevan a nuevas realidades como son las startups. Cristina Pinilla (Hill+Knowlton Strategies España) apunta que “los nuevos actores empresariales como las startups tienen especificidades y circunstancias concretas que requieren de una relación propia con las instituciones para que se tengan en cuenta sus necesidades. Para este tipo de proyectos disruptivos es esencial contar con una estrategia de asuntos públicos que conduzca a relaciones de confianza que eviten la reacción paralizadora de los reguladores. En este sentido, los equipos de public affairs también se enfrentan al reto de adaptar sus dinámicas de trabajo a la realidad de estas compañías”.

En conclusión, vivimos en un contexto cambiante en el que la pandemia ha acelerado tendencias que ya veníamos observando, como el refuerzo de la colaboración público-privada. La recuperación requerirá de reformas ante las que será necesario anticiparse, así como asegurar la participación en estas de las empresas y otros actores sociales. El escenario político sigue siendo volátil, lo que obligará a prestar atención a los desarrollos en este ámbito para prevenirse ante cambios regulatorios. La economía no escapa, ni mucho menos, a estos cambios. El ecosistema empresarial se está transformando con el surgimiento y fortalecimiento de sectores como el tecnológico, el de la salud o los vinculados con la transición ecológica.

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