domingo, enero 29, 2023

Cómo son las relaciones entre los profesionales de Asuntos Públicos y los políticos

¿Están normalizadas las relaciones entre los consultores de Asuntos Públicos y los decisores? ¿Qué técnicas utilizan para intentar trasladar sus puntos de vista? A estas y otras cuestiones, responden cinco destacados consultores del sector.

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Por Mario Montero Raya, 1 de diciembre de 2022

Los consultores de Asuntos Públicos que han participado en este reportaje coinciden en la idea de que la actividad de lobby se ha venido normalizando en los últimos tiempos. La creciente profesionalización del sector habría contribuido a ello. Sin embargo, concuerdan con que aún queda camino por recorrer, especialmente en lo relativo a la regulación, necesaria para asegurar la transparencia y eliminar cualquier sombra de sospecha.

Lina Cabezas Rincón, directora de proyectos del Departamento de Asuntos Públicos de ATREVIA, cree que “la figura del profesional de los asuntos públicos se ha ‘normalizado’, y salvo en contadas excepciones, se reconoce nuestra labor como un ejercicio profesional que ayuda a la relación con las organizaciones”.

David Álvaro García, director de análisis, estudios y comunicación de ACENTO, considera que hay dos factores que han incidido en la mayor normalización de la actividad de los Asuntos Públicos. Por un lado, la profesionalización del sector y, por otro, el surgimiento de “registros de transparencia que ofrezcan garantías procesales, que doten de las mismas reglas de juego a todos, que generan seguridad y que crean incentivos para la colaboración público-privada”.

Diego Bayón, Director de Advocacy & Public Awareness en Harmon Corporate Affairs, comparte esta opinión sobre la tendencia hacia normalización del sector por parte de los decisores públicos. Para ello, se basa en los datos de un estudio elaborado por la Universidad de Deusto y la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI). Según el mismo, un 96,7% de los cargos públicos ha tratado con grupos de interés y profesionales de los asuntos públicos en el ejercicio de sus responsabilidades y el 63% de responsables políticos cree que escuchar a los grupos de interés genera mayor legitimidad para las regulaciones que aprueban.

David Alcobendas, Socio y Director del Departamento de Procesos Regulatorios de Estrategos, reafirma la necesidad de una mayor regulación: “Las relaciones entre las empresas de asuntos públicos, la Administración y todos los stakeholders que directa o indirectamente participan en la elaboración normativa, deben pasar por la regulación definitiva del sector para dotarlo de más transparencia”. A este respecto, Diego Bayón (Harmon) señala que “el 78% de los encuestados cree que es necesario mejorar el marco jurídico que regula la labor de los grupos de interés”, datos que cita del estudio de Universidad de Deusto y APRI anteriormente referido.

La normalización del sector va de la mano de un gran crecimiento del mismo en España. Esto está llevando a que, según Ramón Mateo, director de Análisis e Impacto Regulatorio de beBartlet, “exista una conciencia y sensibilidad crecientes por parte de las empresas y organizaciones en relación a su interacción con los decisores públicos y a los impactos que genera su actividad sobre la sociedad y el entorno en el que operan”.

Cómo llegar a los decisores públicos

La profesionalización del sector de los Asuntos Públicos ha generado un método de trabajo propio de esta actividad. Frente a las agendas de contactos y la figura de los ‘conseguidores’, ya superadas, surge una nueva metodología con la que se trata de enriquecer el debate público, haciendo llegar a los decisores la visión de las organizaciones que están afectadas por las regulaciones, compatibilizando estas con las demandas y preocupaciones sociales.

Para David Alcobendas (Estrategos), la actividad de los profesionales de los Asuntos Públicos resulta fundamental para favorecer las relaciones entre los decisores públicos y las organizaciones empresariales y sociales. “Como expertos en la materia, entendemos el lenguaje de la administración y ayudamos a nuestros clientes a relacionarse en su mismo idioma con ella. Esto lo hacemos trabajando estrategias de incidencia directa que combinamos, cuando la situación así lo requiere, con la aplicación de estrategias indirectas”, afirma.

Según David Álvaro (ACENTO), con la actividad de los Asuntos Públicos “tratamos de ofrecer análisis, enfoques y ángulos que de otra forma quedarían sin ser tenidos en cuenta”. Además, cita algunas tareas que deben acompañar estas estrategias, como “la realización de mapas de stakeholders, quick wins, alianzas y obstáculos, mapas de prioridades institucionales o la construcción de argumentos que se presentarán en las reuniones con los decisores institucionales”.

Diego Bayón (Harmon) afirma que el método de la agenda de contactos ha quedado desterrado, al mostrarse estéril en el nuevo entorno político y social. “Lo difícil no es saber a qué político dirigirse. Lo complicado es que nos escuche y que nuestras propuestas sean tenidas en cuenta. Por eso, usamos un enfoque propio: vinculamos los intereses e inquietudes de nuestros clientes con las prioridades públicas y privadas, perfilando su propósito corporativo, desarrollando su licencia social, y construyendo un relato que visibilice su contribución”, declara en este sentido.

Lina Cabezas (ATREVIA) esboza una hoja de ruta para este proceso de interlocución con los políticos. En primer lugar, señala la necesidad de “una labor previa de análisis del contexto y del análisis del encaje de la propuesta que quieres trasladar a tu interlocutor en este contexto”. En segundo lugar, hay que centrarse en el mensaje, en qué transmitir y cómo hacerlo. Cabezas considera que “esta es una de las partes más importantes de nuestro trabajo y lo que nos diferencia de la vieja figura del conseguidor”. Por último, se encuentra la traslación de la propuesta, “ya sea a través de la interlocución directa o de la creación de soportes que faciliten la transmisión del mensaje (policy papers, manifiestos, infografías…) o mediante la creación de espacios de participación en la que se establece un diálogo entre actores”.

Por su parte, Ramón Mateo (beBartlet) señala que ellos “no trasladan propuestas a ninguna administración”, resaltando su enfoque diferencial, no basado en el lobby sino en el ‘public advocay’. “Nuestra aportación como gabinete de incidencia pública se centra en aspectos que realmente generan valor añadido a nuestros clientes: una adecuada planificación estratégica de su participación institucional y un asesoramiento continuo tanto para la identificación y sistematización de su interacción con perfiles de interés como para la elaboración y selección de contenidos que se vayan a compartir con dichos perfiles como respaldo a esa interacción”, afirma.

Profesionalización de la actividad y necesidad de mayor regulación

En conclusión, los cinco consultores coinciden en que la actividad de los Asuntos Públicos está cada vez más normalizada. Esto favorece las relaciones con los decisores públicos, que aceptan la necesidad de la misma y su contribución a unas mejores regulaciones.

«La creciente profesionalización de la práctica de los Asuntos Públicos ha contribuido mucho a la ‘normalización’ de nuestro papel. La creación de metodologías consolidadas de trabajo, la iniciativa del sector por tener un marco de regulación que legitime nuestra labor, ayuda a que se nos vea como una parte del engranaje de la toma de decisiones y de la gestión de los problemas públicos», resume Lina Cabezas (ATREVIA).

Sin embargo, aún no está todo hecho. El sector de los Asuntos Públicos es aún bastante reciente en España y está todavía en proceso de consolidación. Una de las grandes tareas pendientes en la que insisten los responsables de las consultoras es la definitiva aprobación de una regulación nacional y el refuerzo de la transparencia.

Para David Álvaro (ACENTO), «cuanto más exigentes, transparentes e íntegros seamos desde el sector de las relaciones institucionales y los asuntos públicos, antes conseguiremos desterrar esa errónea idea de la figura del conseguidor en pro de un lobby en positivo que otorga beneficios claros e inequívocos al conjunto de la sociedad».


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