La Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) – la entidad que representa a los profesionales españoles del sector del lobby y asuntos públicos -, acoge con satisfacción la toma en consideración de la propuesta de reforma del Reglamento del Congreso que prevé regular las relaciones de los lobistas o grupos de interés con los diputados, regulación que APRI viene demandando desde hace más de una década en España, para tener una regulación similar al Registro de Transparencia que ya existe en el Parlamento, la Comisión Europea y el Consejo de la UE.
Por Redacción, 26 de mayo de 2021
A la propuesta del Grupo Parlamentario Socialista que se ha debatido en el Pleno del Congreso de esta semana, y ha salido aprobada 207 votos a favor, 53 en contra y 88 abstenciones, se suma también la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Ambos textos coinciden ampliamente con las posición de APRI, que define como lobista o grupo de interés a todo aquel que trate de influir sobre el proceso de adopción de una decisión pública. Proponen igualmente, el establecimiento de un registro de grupos de interés público y obligatorio en el Congreso, que incluya el compromiso de cumplir con un código conducta y cuyo incumplimiento derivará en la aplicación del régimen sancionador. Ambas propuestas también prevén las existencia de una huella normativa pública que muestre los cambios ocurridos durante el proceso de tramitación de una norma o política pública.
Para los lobistas, la regulación de las relaciones entre los poderes públicos y lo grupos de interés en el poder legislativo traerá un impacto positivo, ya que garantizará la transparencia en la toma de decisiones, reforzará la seguridad jurídica de las normas y facilitará la igualdad de trato y acceso a los representantes públicos bajo unos mismos criterios éticos para todos los grupos de interés.
María Rosa Rotondo, presidenta de APRI, ha declarado: “El diálogo entre intereses públicos y privados es fundamental, y tanto la iniciativa del PSOE como la del PP cuyo objeto es regular las relaciones entre diputados y los grupos de interés, garantiza la transparencia del debate democrático y disminuye el efecto de desafección ciudadana hacia las instituciones públicas y los políticos”.
APRI recuerda que la Constitución Española diseña un proyecto de democracia no solo basada en la representación, sino también en la participación directa de los ciudadanos en los asuntos públicos. Por este motivo, la Asociación desde sus inicios, ha abogado por regular la participación de los grupos que representan ideas e intereses en el proceso de toma de decisiones públicas y de elaboración de normativa, una cuestión que, además, la mayoría de las democracias modernas han considerado necesario implementar.
