Los profesionales de las relaciones institucionales, los asuntos públicos y el lobby integrados en Asociación de Profesionales de Relaciones Institucionales (APRI) piden proteger el derecho de participación y urgen regular el lobby en España para normalizar su actividad y garantizar un proceso de participación pública transparente, equitativo y responsable, contribuyendo al fortalecimiento de la democracia.
Por Redacción, 20 de marzo de 2024
Los profesionales de los asuntos públicos y el lobby subrayan la responsabilidad constitucional de los poderes públicos de fomentar y facilitar la participación de todos los ciudadanos y organizaciones con intereses económicos o sociales, en la vida pública y política, garantizando la igualdad de condiciones y eliminando barreras al acceso a las instituciones públicas. Estos encuentros no comprometen la independencia en la formulación de políticas públicas; por el contrario, promueven un proceso más inclusivo y democrático enriqueciendo la diversidad de información disponible para la toma de decisiones.
APRI recuerda que el derecho de participación es un pilar fundamental de cualquier democracia ya que garantiza la legitimidad y la efectividad de las políticas públicas. Todos los actores, ya sean ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, empresas u ONGs, deben tener igualdad de acceso y oportunidades para contribuir en la toma de decisiones relacionadas con los asuntos de interés público.
Limitar la participación a los grupos de interés no solo va en contra de múltiples leyes y directrices europeas de participación efectiva de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de elaboración de políticas públicas, sino que también vulnera los principios constitucionales de participación ciudadana recogidos en el artículo 23 y 9.2 de la Constitución Española, que establece el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos y en la vida política, económica, cultural y social, ya sea directamente o a través de representantes, promoviendo así la democracia participativa.
En palabras de Irene Matías, vicepresidenta de APRI “Promover que los ciudadanos, organizaciones con o sin intereses económicos participen en la vida pública y políticas, a través de consultas públicas, audiencias, foros de discusión o reuniones con los responsables públicos y políticos, no solo fortalece la legitimidad de las decisiones públicas y políticas, sino que también enriquece el proceso democrático al incorporar una diversidad de perspectivas, experiencias y puntos de vista en la elaboración de políticas públicas”.
A nivel Europeo, el Tratado de Lisboa, además, refuerza el principio de participación ciudadana en la Unión Europea. En particular, establece disposiciones para promover la democracia participativa y la ciudadanía activa a través de un diálogo abierto y transparente. Esto implica consultar a las partes interesadas y a los ciudadanos en la elaboración de políticas. Sin ir muy lejos, en Bruselas las instituciones de la UE realizan procesos participativos y transparentes para cualquier reforma legislativa.
Para promover la participación efectiva, APRI urge normalizar y regular el lobby en España, una reivindicación unida a la propia fundación de la asociación hace 15 años. La ausencia de una regulación de la interacción entre los ciudadanos y los poderes públicos socava la integridad, independencia y trato igualitario de nuestras instituciones democráticas.
La transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas es fundamental para garantizar la rendición de cuentas y la confianza en las instituciones democráticas. Cuando los procesos de toma de decisiones son transparentes, los ciudadanos pueden entender mejor cómo y por qué se toman ciertas decisiones, lo que promueve una mayor participación y confianza en el sistema político y democrático.
Para Elia Ferrer, responsable de regulación de APRI: «Ante un contexto cada vez más complejo, se hace más crucial que nunca establecer normativas que promuevan la transparencia en la toma de decisiones políticas y legislativas. La colaboración público-privada se vuelve cada vez más necesaria para el desarrollo de políticas públicas efectivas».
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