Con motivo de la reciente investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) sobre los Uber Files, la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), que representa el colectivo de los profesionales de relaciones institucionales, asuntos públicos y lobistas, quiere aclarar algunos aspectos sobre la profesión de los lobistas, una profesión ejercida desde la ética, transparencia y profesionalidad en España que beneficia a la elaboración de políticas públicas.
Por Redacción, 12 de julio de 2022
«El lobby es una actividad de representación y participación de la sociedad civil, ante distintos ámbitos de la toma de decisiones pública ampliamente consolidada y respaldada por los poderes públicos. Los lobistas profesionales desempeñan un papel fundamental en el sistema democrático ya que ayudan a los poderes públicos, a comprender y entender las necesidades reales de las organizaciones de todo tipo, especialmente ante inminentes cambios regulatorios con el objeto de mejorarlos», señala un comunicado de APRI.
Los asuntos públicos o el lobby, es una actividad que beneficia a la sociedad en su conjunto, ya que si se efectúa de manera ética, profesional y transparente permite mejorar la interlocución público – privada y, por lo tanto, el proceso de elaboración de las normas y políticas públicas. Desde APRI, «defendemos tanto el derecho de todas las empresas y organizaciones de participar en las políticas públicas que les afectan, como la obligación de los poderes públicos de establecer las normas para que esta participación sea transparente».
«En España hemos logrado alcanzar importantes avances en la profesionalización y autorregulación del lobby. La gran mayoría de las organizaciones han incorporado en sus normas de control interno sus políticas de lobby o relaciones institucionales, en las que asumen el principio de respeto a la legalidad y los principios de integridad y transparencia de aplicación a todas las interlocuciones de la organización con las autoridades, funcionarios públicos y partidos políticos».
Además, ante la ausencia de una regulación, APRI cuenta con un código de autorregulación de la actividad que firman todos nuestros asociados. Sin embargo, España carece de un marco regulatorio de referencia nacional, pese a que hay Comunidades Autónomas que han avanzado en el asunto.
«Uno de los objetivos de APRI es mejorar las relaciones entre los ciudadanos y los poderes públicos a través de una regulación de la actividad del lobby. Ha habido varios intentos en las sucesivas legislaturas, pero no han llegado a materializarse por la falta de voluntad política», explica APRI en su comunicado.
Actualmente hay dos iniciativas en marcha, un Anteproyecto de Ley de regulación de los grupos de interés en el Ministerio de Hacienda y Función Pública, y una toma en consideración aprobada en el Congreso para la reforma del reglamento con el objeto de regular los lobbies, cuya aprobación esperamos se produzca antes de que acabe la legislatura en curso.
