POR ANA PEREIRA, ASOCIADA EN ESTUDIO DE COMUNICACIÓN/ 7 DE OCTUBRE DE 2026
Cuando ya creíamos que lo habíamos visto todo respecto a los caprichos del actual inquilino de la Casa Blanca, Trump nos ha vuelto a sorprender. Esta vez con un enfrentamiento con varios de los principales medios de comunicación de Estados Unidos, que en estos momentos sigue abierto y ha entrado en una nueva fase judicial. Después de que el presidente ordenara el 18 de septiembre retirar el acceso a la Casa Blanca a periodistas de CNN, MS NOW y Politico, un juez federal suspendió temporalmente la medida. Ahora, ambas partes se preparan para una audiencia decisiva el próximo 8 de octubre.
El veto se hizo efectivo el 19 de septiembre, cuando periodistas de los tres medios comprobaron que sus acreditaciones habían sido desactivadas o retiradas. Trump justificó la decisión acusándolos de difundir «noticias falsas» y de publicar informaciones que, según su Administración, podían perjudicar la seguridad nacional. La Casa Blanca ha defendido desde entonces que el acceso físico al complejo presidencial es un privilegio sujeto a reglas y no un derecho constitucional ilimitado.
CNN, MS NOW y Politico respondieron con una demanda ante un tribunal federal de Washington. Sostienen que la retirada de sus credenciales constituye una represalia por el contenido de sus informaciones y vulnera la Primera Enmienda, que protege la libertad de expresión y de prensa. También alegaron que las acreditaciones fueron retiradas sin un procedimiento adecuado, una cuestión vinculada a las garantías de debido proceso de la Quinta Enmienda.
El 24 de septiembre, el juez Timothy Kelly, del Tribunal Federal del Distrito de Columbia y nombrado durante el primer mandato de Trump, ordenó restaurar de inmediato el acceso de los tres medios durante 14 días. Kelly consideró que existían argumentos sólidos para concluir que la Administración no había respetado el procedimiento exigible antes de retirar las credenciales. La resolución fue provisional y no decidió todavía el fondo del litigio.
Desde entonces, los medios han pedido una protección más duradera. El 28 de septiembre solicitaron una orden judicial preliminar que mantenga su acceso mientras continúa el proceso. Sus abogados aseguran que la amenaza de una nueva exclusión sigue vigente y sostienen que la Administración ha aplicado las restricciones de forma irregular incluso después de la decisión del juez. CNN, por ejemplo, denunció haber sido apartada de determinadas funciones del ‘press pool’ y de viajes presidenciales pese a que sus credenciales generales habían sido restituidas.
La Administración ha respondido endureciendo su defensa del veto. En un escrito presentado el 2 de octubre, el Departamento de Justicia pidió a Kelly que rechazara la nueva solicitud de los medios y permitiera al presidente recuperar su capacidad para restringirles el acceso. El Gobierno argumenta que la Casa Blanca puede establecer estándares para los periodistas acreditados y adoptar medidas cuando considere que determinadas publicaciones afectan a información sensible o a la seguridad nacional. Estas afirmaciones forman parte de la posición jurídica de la Administración y no han sido establecidas como hechos por el tribunal.
El juez ha convocado una vista presencial para el jueves 8 de octubre a las 11.00 horas de Washington. La fecha es especialmente relevante porque coincide con el vencimiento de la orden temporal que mantiene actualmente las acreditaciones. Si Kelly concede la medida preliminar solicitada por CNN, MS NOW y Politico, los tres medios conservarán su acceso mientras se resuelve el caso. Si la rechaza, la Casa Blanca podría intentar reactivar las restricciones, aunque los medios podrían recurrir ante una instancia superior.
El conflicto mantiene además como referencia el precedente de Associated Press. En 2025, la Administración Trump restringió el acceso de la agencia a determinados actos después de que AP mantuviera la denominación ‘Golfo de México’ en lugar de adoptar ‘Golfo de América’. Aquel litigio también planteó hasta qué punto el Gobierno puede condicionar el acceso a espacios presidenciales por decisiones editoriales.
La disputa actual, por tanto, ya no se limita a la retirada inicial de tres acreditaciones. El tribunal debe determinar hasta dónde llega la autoridad de la Casa Blanca para organizar el acceso de la prensa y qué garantías deben respetarse cuando esa facultad afecta a medios críticos con el presidente. La audiencia del 8 de octubre será el siguiente capítulo de un caso que enfrenta directamente el poder presidencial para gestionar la seguridad y la logística de la Casa Blanca con las garantías constitucionales invocadas por los medios.
El pulso que Trump mantiene con los medios, va mucho más lejos de prohibir el acceso a periodistas capaces de soliviantarlo, es un pulso a la libertad de prensa y al derecho a la información.
