lunes, noviembre 16, 2026

Anticipar, no adivinar: las empresas ante el 29-N

POR EVA SILVÁN, FUNDADORA Y CEO DE SILVÁN & MIRACLE

Todas las miradas están puestas en la carrera electoral. Encuestas, trackings diarios y debates alimentan una conversación pública centrada en quién ganará el 29 de noviembre y con quién podrá gobernar: si habrá un gobierno de cambio, con la novedad, no menor, de la entrada de la ultraderecha en el Gobierno de España por primera vez desde la Transición, o si se revalidará el gobierno de Sánchez con el apoyo de sus socios. Es el foco lógico de una campaña, pero para las empresas y organizaciones, lo estratégico no está tanto en la noche electoral, sino en lo que empieza al día siguiente.

El lunes, 30 de noviembre, los titulares de la mañana repartirán escaños, celebrarán resultados y especularán sobre pactos posibles. En el comité de dirección de las empresas, en los órganos de gestión de las organizaciones, se preguntarán qué cambia para la compañía o la organización, y la respuesta honesta será: ahora mismo, nada, pero mañana puede ser que casi todo.

Nada, porque la noche electoral no forma Gobierno: desde ese día, el Ejecutivo estará en funciones, limitado al despacho ordinario de los asuntos públicos y sin capacidad para presentar proyectos de ley ni presupuestos, como establece la Ley del Gobierno. Casi todo, porque en las semanas siguientes se decidirá buena parte de la agenda que condicionará la actividad empresarial durante la próxima legislatura: qué normas vuelven a tramitarse, quién decide en cada sector y qué compromisos asume el nuevo Gobierno con quienes lo sostengan.

Son dos tiempos que coinciden en el calendario y que, sin embargo, se rigen por lógicas distintas. El tiempo mediático, acelerado y menos atento a los procesos; y el tiempo institucional, que apenas estará empezando. El error sería que las empresas siguieran con atención el primero y gestionaran con menos método el segundo.

Si volvemos la vista atrás, la experiencia reciente debería bastar para corregir esa mirada. En 2023 pasaron 116 días entre las elecciones de julio y la investidura de noviembre. Entre diciembre de 2015 y octubre de 2016 transcurrieron más de diez meses, con una repetición electoral de por medio. El día después no es un día: es un proceso. Y cada una de sus fases: el escrutinio, la constitución de las Cortes el 23 de diciembre, las consultas, la investidura y, finalmente, los nombramientos, abre una ventana distinta para quien sabe leerla.

Esta vez, además, el punto de partida es singular. La disolución de las Cortes hizo decaer las iniciativas que estaban en tramitación, entre ellas la nueva Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2023 siguen prorrogados por tercer año consecutivo. El plazo para completar las medidas del Plan de Recuperación terminó el 31 de agosto. La financiación europea de los próximos años se juega ya en la negociación del Marco Financiero Plurianual 2028-2034. Esa negociación puede suponer, además, un cambio de paradigma: la Comisión Europea propone agrupar los fondos en un único plan nacional y regional por Estado, lo que daría más peso a los gobiernos estatales y menos a las regiones. Con las implicaciones políticas que puede tener para Euskadi o Cataluña.

La agenda legislativa no se retomará donde se dejó: se reiniciará. Lo que estaba en marcha tendrá que volver a defenderse, probablemente con otro texto, otros plazos y otros interlocutores. Por eso las elecciones importan a las empresas y organizaciones por mucho más que por quién gobierne. Como recogemos en el Informe Elecciones 29N que hemos elaborado en Silván & Miracle, una parte creciente de lo que determina su competitividad depende de decisiones políticas y regulatorias: el coste de la energía, la fiscalidad, el acceso a ayudas y a la contratación pública, la regulación de la inteligencia artificial o el ritmo de la transición energética. La política pública ha dejado de ser un factor periférico para convertirse en una variable estratégica de negocio, y eso exige tratarla como cualquier otra: con información, con método y con anticipación.

Hay un segundo cambio, menos visible, más profundo y que ya es una realidad. Las decisiones ya no se toman en un único lugar. Como hemos visto en las últimas legislaturas, en un Parlamento fragmentado, cada ley se negocia con varios grupos, y quien sostiene la mayoría condiciona la agenda tanto como quien gobierna. A ello se suman las instituciones europeas, que fijan buena parte del marco regulatorio (el calendario de aplicación del Reglamento europeo de inteligencia artificial, por ejemplo, ya está escrito en Bruselas), y las comunidades autónomas, con competencias decisivas en industria, energía o innovación. La influencia se ha distribuido, y con ella la necesidad de entender dónde se decide cada cosa.

Prepararse, por tanto, no consiste en adivinar quién gobernará, consiste en identificar qué decisiones públicas pueden afectar a la organización y en llegar a cada fase del proceso con el trabajo hecho. Nada de esto es nuevo para las organizaciones con una función de asuntos públicos consolidada. Lo nuevo es que ha dejado de ser opcional para el resto. En un entorno en el que regulación, financiación pública e inversión privada están cada vez más conectadas, la relación con las instituciones vive una transformación de fondo: de tarea reactiva a capacidad estratégica continua, no puntual.

Las elecciones del 29 de noviembre ofrecerán partidos ganadores y perdedores, nuevos liderazgos, nuevos marcos de negociación y una agenda política nueva. En las semanas siguientes se decidirá algo que concierne a empresas y organizaciones: si llegan al nuevo ciclo político como espectadoras que leen el resultado en la prensa o como interlocutoras que contribuyen a escribir la agenda.


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