POR LUIS TEJERO, DIRECTOR DE ASUNTOS PÚBLICOS DE ROMAN / 22 DE OCTUBRE DE 2026
Ocho años y medio es mucho tiempo en la política española. Son los que Pedro Sánchez llevará en La Moncloa cuando los españoles vuelvan a las urnas el 29 de noviembre para decidir si prolongan ese ciclo –solo superado en democracia por Felipe González– o abren un cambio de ciclo hacia la derecha. Para las organizaciones privadas con intereses e inversiones en el país, la clave reside en entender cómo de previsible y estable será el marco regulatorio, fiscal o laboral que regirá sus decisiones de negocio de aquí a 2030. Y de manera más inmediata, resolver la incógnita de cuántos meses será necesario esperar para conocer el nuevo Gobierno.
Las encuestas dibujan un PP que se mantiene como primera fuerza, pero estancado en torno a un tercio de los votos; un PSOE desgastado y varios puntos por debajo, aunque con ganas de pelear la primera posición; un Vox disparado que aspira a duplicar su grupo parlamentario; y una izquierda alternativa al PSOE fragmentada entre el Frente Amplio y Podemos, con riesgo de caer en la irrelevancia parlamentaria.
Conviene, en cualquier caso, una dosis de prudencia: en tres de las últimas cinco generales, la izquierda acabó mejor de lo que anticipaban los sondeos en el momento de la convocatoria, y en 2023 recortó siete puntos durante la campaña. De ahí viene el trauma de la derecha, todavía digiriendo el shock de que Alberto Núñez Feijóo no consiguiera mudarse a La Moncloa hace tres años.
Merece la pena fijarse también en la potencial distribución de votos y escaños dentro de cada bloque. El PSOE aspira a representar más de dos tercios del espacio de la izquierda; un dominio incómodo, porque concentra el liderazgo a costa de los apoyos necesarios para gobernar. En la derecha ocurre lo contrario: el PP reduce sensiblemente su cuota entre el electorado liberal-conservador y se enfrenta a la convivencia con un socio que podría superar los 60 diputados frente a los 33 actuales.
Tres escenarios
El punto de partida gira en torno a tres escenarios. El primero –hoy el más probable si las encuestas aciertan el tiro– pasa por una investidura relativamente rápida de Feijóo con apoyo de Vox en torno a la primera quincena de enero, siempre y cuando el acuerdo llegue ya precocinado. El segundo es una negociación más dilatada, hasta finales de enero o mediados de febrero, si se complican las conversaciones en torno al programa o el reparto de carteras entre las formaciones con posibilidades de alcanzar mayoría. El tercero, no descartable, es el bloqueo: un Parlamento más equilibrado de lo previsto, un acuerdo atascado y el reloj corriendo hacia una repetición electoral.
Estos escenarios ya contemplan la posibilidad de que la izquierda remonte y Sánchez pelee por retener La Moncloa. Sería, previsiblemente, una prolongación de la situación vivida en la última legislatura, con una mayoría parlamentaria sujeta a la negociación permanente, una preferencia por el real decreto-ley y unos Presupuestos en el aire.
Asumiendo las proyecciones que conceden mayoría a la derecha y suponiendo que se apuesta por un Gobierno de coalición, ¿qué cabe esperar de Vox? Los precedentes autonómicos ofrecen algunas pistas. En los últimos meses, el partido de Santiago Abascal ha entrado en los cuatro Gobiernos donde el PP ha necesitado sus votos con un esquema casi idéntico: una vicepresidencia en cada uno y una serie de consejerías concentradas en torno a agricultura, medio ambiente, turismo, cultura, políticas de familia y ayudas sociales, además de la bandera de la «desregulación«. Extrapolado a un Ejecutivo a nivel nacional, previsiblemente más compacto que el de Sánchez (22 ministerios) y más equiparable a los de Mariano Rajoy (13), ese patrón apunta a una vicepresidencia y entre tres y cinco carteras.
No debe desecharse la posibilidad de que Abascal pida competencias relacionadas con la gestión del orden público, la política migratoria, los impuestos o las pensiones. Aspectos esenciales del funcionamiento del Estado donde pueden hacerse visibles las diferencias de fondo entre PP y Vox, con el recordatorio de que los segundos ya rompieron todos sus pactos autonómicos en 2024 y podrían volver a hacerlo a escala nacional.
Enfrente, el PSOE tiene ya definido su mal menor. Si no puede retener La Moncloa, su meta será conseguir un escaño más que el PP en el Congreso – un balón de oxígeno para Sánchez de cara a mantener el liderazgo interno– y conservar una minoría de bloqueo desde la izquierda en el Senado. En caso de lograr este segundo objetivo, podría frenar la mayoría de tres quintos requerida para reformar la Carta Magna o pactar nombramientos en el Tribunal Constitucional.
Los ejes de la campaña
Antes de llegar a las urnas, la campaña girará previsiblemente en torno al coste de la vida. La vivienda ha marcado récord en el último barómetro del CIS, con más de la mitad de los encuestados señalándola como primer problema de España, muy por delante de la inmigración y la economía. A ello se suman hitos como la huelga general del 11 de noviembre, bajo el lema «salarios, vivienda, precios», y los anuncios que el Ejecutivo prepara sobre el SMI y las pensiones.
Mientras tanto, la disolución de las Cortes se ha llevado por delante cientos de iniciativas parlamentarias, pero el Ejecutivo conserva margen para impulsar reglamentos e incluso decretos-leyes hasta la próxima investidura. Y una vez superadas las urnas, gobierne quien gobierne, el nuevo Ejecutivo tendrá apenas unos meses de rodaje antes de volver a entrar en modo electoral con las autonómicas y municipales del 23 de mayo de 2027.
La importancia de la anticipación
¿Cómo afrontar desde los Asuntos Públicos este panorama lleno de desafíos y oportunidades? Primera recomendación: no esperar a que los despachos ministeriales se ocupen para empezar a plantear propuestas. La agenda de los primeros 100 días del próximo Gobierno ya se está redactando ahora: en los programas electorales, en las fundaciones o think tanks de la órbita de los partidos, en los equipos sectoriales que preparan papeles… Por tanto, es el momento de introducirse en esa conversación y mapear qué propuestas o iniciativas conviene activar cuanto antes de cara al nuevo ciclo 2027-2030. Y en paralelo, tratar de anticipar quiénes aspiran a ser relevantes en esa etapa post-29N y cuáles son sus prioridades y líneas rojas.
Las empresas no votan, pero sí deciden cuándo entrar en la conversación e inevitablemente se verán afectadas por el contexto institucional y regulatorio más previsible o volátil que se derivará de las diferentes opciones de continuidad, cambio o parálisis. En poco más de un mes, con los resultados en la mano, empezaremos a descifrar cuál de los escenarios parece más realizable.
