ARTÍCULO DE YOLANDA ROMÁN (ATREVIA) / Durante más de dos décadas, el acuerdo UE–Mercosur ha sido un asunto importante, deseable y eternamente aplazado. Cada fase ha seguido el mismo guion: avances políticos, avales institucionales, declaraciones de aprobación inminente y dudas en el último momento que han ido demorando su ratificación. Ahora sí, ahora no. Hasta hace poco, la incapacidad europea para cerrar el acuerdo podía analizarse como una oportunidad comercial desaprovechada. En 2026, el coste de oportunidad es mucho más relevante, estratégico y geopolítico. Y, además, autoinfligido.
Por Yolanda Román, Directora Global de Asuntos Públicos de ATREVIA / 27 de enero de 2026
En lo sustancial, el interés del acuerdo para Europa es difícil de cuestionar. Crearía uno de los mayores marcos de asociación comercial del mundo, conectando a la UE con los 270 millones de ciudadanos de Mercosur y consolidando un mercado combinado de más de 700 millones de personas. La UE ya es el segundo socio comercial de Mercosur y su principal inversor extranjero. Las empresas europeas están integradas en las cadenas de valor americanas, desde la industria y las infraestructuras hasta la energía y los servicios. Pocos acuerdos comerciales parten de una base económica tan sólida.
Las negociaciones comenzaron en 1999. En 2019 se alcanzó un acuerdo político que acabó descarrilando por las preocupaciones europeas en materia de deforestación, aplicación de compromisos medioambientales y competencia agrícola. La Comisión Europea renegoció y reforzó el texto, incorporando compromisos de sostenibilidad diseñados para atender las exigencias del Parlamento Europeo y de varios Estados miembros. A finales de 2025, la secuencia institucional parecía alineada: aprobación de la Comisión, visto bueno del Consejo y acuerdo por ambas partes. Lo dimos por hecho, lo celebramos, pero de nuevo, se frenó en el último momento.
La incapacidad de Europa para cerrar el acuerdo es a la vez síntoma y reflejo de su debilidad geoestratégica.
El bloqueo actual responde a una combinación conocida de presión política interna, protestas agrícolas y nuevas demandas de garantías adicionales. La maniobra del Parlamento Europeo de solicitar un nuevo escrutinio jurídico puede ser defendible desde el punto de vista procedimental. Políticamente, sin embargo, refuerza un patrón que empieza a resultar corrosivo para la credibilidad de Europa.
La primera víctima es la confianza. La UE ha sido siempre percibida como un socio negociador riguroso y exigente. Lo que se cuestiona ahora es su capacidad para culminar la ratificación una vez concluidas las negociaciones. Tras años de conversaciones, con un acuerdo revisado múltiples veces, con el visto bueno de todas las partes y varias veces anunciado…, los socios y potenciales socios sacan sus conclusiones. Europa aparece fuerte en los procedimientos, pero frágil en lo político. Esa percepción no se limita a Mercosur; influye en las expectativas de socios en India, el Sudeste Asiático y en muchos países clave.
El segundo coste es geoeconómico. América Latina ya no es un escenario periférico. Es central en la competencia global por la seguridad alimentaria, las materias primas críticas, las cadenas de suministro de la transición energética y las infraestructuras. China ha ampliado de forma sostenida su presencia en América Latina durante la última década. Estados Unidos está recalibrando su relación con un enfoque más claramente estratégico. En ese contexto, el acuerdo UE–Mercosur no es solo un tratado comercial; es una declaración de intenciones. Cada aplazamiento debilita esa señal y deja espacio para que otros definan estándares, marcos de inversión y alianzas a largo plazo.
¿Hay perdedores con ese acuerdo? Por supuesto que los hay. Todo movimiento estratégico tiene consecuencias. La liberalización comercial, la transición energética o la reconversión industrial conllevan ajustes. Algunos sectores agrícolas afrontarán una mayor competencia; algunas regiones sentirán el impacto con más intensidad. ¿Debe Europa velar por los intereses de sus sectores? Obviamente, sí. La política comercial no puede ignorar los impactos sociales y territoriales dentro de la Unión. Pero reconocer los costes de ajuste no justifica la parálisis. Al contrario, Europa cuenta con décadas de experiencia en la gestión de transiciones: desde las reconversiones industriales de los años ochenta y noventa, hasta las políticas de cohesión ligadas a la ampliación, o los mecanismos que hoy acompañan a la transición verde. Salvaguardas, aperturas de mercado graduales, esquemas de compensación, inversiones específicas y apoyo a la productividad forman parte del arsenal de herramientas de la UE para enfrentar esos retos.
La indecisión también afecta a la agenda europea de seguridad económica y autonomía estratégica. Hoy, la política comercial ya no solo es económica, es geopolítica. El acuerdo UE–Mercosur ofrece diversificación de cadenas de suministro, nuevas inversiones y mayor capacidad de maniobra en una economía global cada vez más transaccional. Aplazarlo debilita la capacidad de Europa para actuar estratégicamente en un entorno comercial altamente politizado.
Por último, la UE es y parece más vulnerable sin ese acuerdo. Las preocupaciones del sector agrícola son legítimas y deben abordarse con seriedad. Pero cuando la contestación interna se traduce sistemáticamente en bloqueos de última hora, el mensaje que se envía al exterior es claro: la estrategia internacional de Europa puede ser vetada fácilmente por unos pocos. En un mundo donde la presión económica se utiliza cada vez más como herramienta geopolítica, esa señal es nefasta para la imagen, la credibilidad y el poder de la UE.
En 2026, el retraso ya no es neutral. Es una elección. La elección de decirle al mundo que cuando se toma una decisión, Europa es capaz de cumplirla. Necesitamos urgentemente una Europa más fuerte y decidida. Quien no lo crea así, debería explicar claramente a sus votantes qué alternativa de sometimiento y dependencia propone.
